Reforma Constitucional en Nicaragua: Exclusiones y Reacciones Internacionales
Este martes, la Asamblea de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones, a solicitud del presidente Daniel Ortega. Esta decisión, tomada por un Legislativo dominado por el oficialismo de izquierda, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes hayan participado en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, así como a los “traidores a la patria” y a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.
Aprobación Unánime y Consecuencias
La reforma fue anunciada por Gustavo Porras, presidente del órgano parlamentario, quien indicó que fue “aprobada de forma unánime” durante una sesión especial en León, ubicada a 90 km al noroeste de Managua. Ortega, a sus 80 años, junto a su esposa Rosario Murillo, de 75 años, han mantenido un control absoluto sobre el país tras las protestas de 2018, cuya represión dejó un saldo de más de 300 muertes, según reportes de la ONU.
Ortega y Murillo en el Poder
La pareja presidencial ha estado en el poder durante casi dos décadas y considera que las protestas de 2018 fueron un “intento de golpe de Estado” con apoyo de Estados Unidos, al cual acusan de querer desestabilizar su gobierno, al que califican de “dictadura”. Después de las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, incluyendo líderes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”, lo que ha dejado a la oposición prácticamente inexistente en el país.
Retos para el Futuro
Los líderes en el exilio advierten que la exclusión de los comicios es una estrategia para asegurar la continuidad del poder dentro de la familia Ortega-Murillo, especialmente considerando que Ortega presenta problemas de salud como lupus y complicaciones renales.
Protestas Internacionales
La extensión del mandato presidencial a siete años también se aplicará a las autoridades actuales elegidas. Esta reforma fue anunciada el 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista, provocando un rechazo significativo en la comunidad internacional. Bajo iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha programado una reunión urgente de cancilleres para discutir posibles sanciones contra el gobierno nicaragüense.
A pesar de las presiones, Ortega ha manifestado que la enmienda ignora la “aplicación de leyes extraterritoriales de cualquier Estado u organismos internacionales”. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó que espera que los ministros tomen decisiones para “ejercer más presión sobre Nicaragua”. Tras su aprobación, se espera que la reforma sea ratificada en la segunda legislatura que comenzará a inicios de 2027.
Sin Competencia Electoral
Ortega, quien gobernó en la década de 1980, volvió a la presidencia en 2007 y ha sido reelegido en tres ocasiones en comicios criticados por su falta de transparencia. En los últimos cinco años, el presidente encarceló a opositores, lo que permitió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganar las elecciones sin competencia real. En 2024, la reforma constitucional amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo al puesto de copresidenta, mientras que los comicios previstos para finales de este año fueron aplazados a noviembre de 2027.
A pesar de la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, que recibe financiamiento de bancos internacionales y del FMI. La oposición ha solicitado sanciones económicas a la comunidad internacional. Recientemente, varios grupos opositores han acordado un plan de transición política que incluye la liberación de opositores y la renovación de instituciones clave controladas por el gobierno.
Conclusión
La reciente reforma constitucional en Nicaragua marca una etapa crítica en la política del país, con la eliminación de la competencia electoral y un enfoque en consolidar el poder en manos del gobierno actual. Las reacciones tanto a nivel nacional como internacional seguirán explorando las implicaciones de estas decisiones.
- La Asamblea aprobó una reforma que prohíbe a opositores participar en elecciones.
- Se amplía el mandato presidencial de seis a siete años.
- Las protestas de 2018 y sus consecuencias han llevado a la represión de la oposición.
- La comunidad internacional ha mostrado su rechazo y considera implementar sanciones.