Situación de la Comisión Permanente del Congreso ante la Crisis en Sinaloa

Este lunes se cierra el segundo periodo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que optó por no abordar el tema de Sinaloa, a pesar de que coincidió con el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la solicitud de detención de diez políticos sinaloenses, incluidos el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, por su supuesta conexión con el Cártel de Sinaloa.

Parálisis Legislativa ante la Narco-política

A lo largo de este periodo, se presentaron diez propuestas por parte de diputados de diferentes partidos, que buscaban que la Comisión Permanente se pronunciara sobre la grave crisis de seguridad que afecta a Sinaloa. Esto incluyó dos solicitudes para convocar al Senado a evaluar posibles desapariciones de poderes en el estado, así como dos más para iniciar un juicio político contra Rubén Rocha. Sin embargo, todas estas propuestas fueron ignoradas.

De los 92 dictámenes que se aprobaron, 73 fueron respaldados por el pleno, pero ninguno de ellos tocó el delicado tema de Sinaloa. En contraste, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue objeto de un exhorto que recibió la aprobación de la Primera Comisión, a raíz de la presencia de agentes de la CIA en su estado, aunque este dictamen no llegó a ser discutido en el pleno de la Permanente.

Iniciativas Frenadas en la Primera Comisión

La Primera Comisión, bajo la presidencia del morenista Alejandro Murat, recibió un total de 317 propuestas, pero optó por no considerar muchas relacionadas con la crisis que atraviesa Sinaloa. Las iniciativas de la oposición, como aquellas presentadas por los diputados emecistas Gibrán Ramírez y Juan Ignacio Zavala, pedían que se exhortara al Senado de la República a declarar la desaparición de poderes en Sinaloa.

Por su parte, el 21 de mayo, la senadora priista Anabell Ávalos instó a la Comisión Permanente a que solicitara al Ejecutivo Federal que garantizara la soberanía nacional, en relación con los miembros del gobierno morenista en Sinaloa que enfrentan procesos de extradición al estar acusados de vínculos con el crimen organizado. Ávalos demandó que se asegurara la localización de estas personas para evitar su posible fuga, así como una explicación de por qué habían preferido entregarse a la justicia extranjera.

Exigencias de Extradición y Juicio Político

El 1 de junio, senadores y diputados del PAN solicitaron a la presidenta de la República que autorizara el traslado de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios públicos sinaloenses a las autoridades estadounidenses. Esta petición incluía a Enrique Inzunza, senador, y a Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán.

El 17 de junio, Lilly Téllez, diputada panista, propuso que la Comisión Permanente hiciera un enérgico rechazo a la narco-política. Además, se instó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República a atender sin dilaciones la solicitud de Estados Unidos sobre los funcionarios sinaloenses, en cumplimiento con el Tratado de Extradición vigente. En la misma jornada, el grupo parlamentario del PAN también pidió convocar a sesiones extraordinarias para gestionar el juicio político contra Rubén Rocha, gobernador con licencia del estado.

Asimismo, tanto panistas como priistas exigieron medidas de seguridad para la priista Paola Gárate y otros políticos de Sinaloa que se encuentran amenazados por grupos criminales.

Conclusión

La falta de respuesta de la Comisión Permanente ante la crisis de Sinaloa resalta la complejidad de la narco-política en el país. A pesar de las múltiples solicitudes y propuestas, el silencio predominante deja en evidencia la parálisis legislativa que se enfrenta ante este fenómeno. Es esencial que se tomen medidas efectivas para abordar estas preocupaciones y proteger a los funcionarios amenazados.

Aspectos Clave

• La Comisión Permanente ignoró la crisis de Sinaloa a pesar de las solicitudes de varios partidos.
• Las propuestas para un juicio político contra Rubén Rocha no fueron discutidas.
• Se exige un pronunciamiento firme sobre la narco-política y medidas de seguridad para políticos amenazados.
• La parálisis legislativa representa un desafío crítico para el manejo de la seguridad en el país.